Del 13 al 18 de diciembre en Hong Kong, la OMC discute, entre otros temas, la liberalización de los servicios.
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) -GATS por sus siglas en inglés- es uno de los acuerdos de mayor alcance de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Su propósito es liberalizar progresivamente el “comercio de servicios”entre los miembros de la OMC.
El comercio de servicios se define de manera muy amplia para incluir la inversión extranjera directa en servicios tales como salud, educación, agua, pensiones, transporte. Significativamente, también incluye terminar con los “monopolios públicos” los cuales gestionan precisamente estos servicios como necesidades sociales: la salud, la educación, la sanidad, etc. Abre al mismo tiempo la posibilidad de la desregulación, lo cual supone que si una norma se considera demasiado onerosa para los inversionistas y proveedores de servicios extranjeros (multinacionales, sobre todo), se eliminan las trabas jurídicas.
El sector de servicios en la actual economía global, ofrece las mejores oportunidades en términos de comercio: incremento del volumen de operaciones de negocio, incremento de facturación, incremento de la demanda e incrementos del empleo.
Solo en el área de servicios se contempla un número vasto de sectores, que incluye el agua, la salud, la educación, la vivienda, y una multiplicidad de otros servicios antes ofrecidos por los estados y ahora abiertos a la competencia privada internacional.
Esto se vincula a los procesos actuales de la privatización del sector público y el deterioro de los servicios sociales en todas las regiones del mundo. El efecto es la remodificación y cambio de concepto de lo que hasta ahora conocíamos como servicios básicos.
En aquellos países, estados, áreas geopolíticas, donde las personas accedíamos a estos servicios como derechos ciudadanos, ahora son mercancías que habría que comprar y millones de personas con bajos recursos no tendrían acceso a ellos.
La UE, en paralelo, agiliza su agenda en lo relativo a estas tres áreas. A finales de noviembre del 2005, la Comisión del mercado Interior, voto a favor de la Directiva Bolkestein, sin reformas sustanciales, como el principio del país de origen y sin delimitar que servicios esenciales no pueden ser objeto de mercadería.
En enero, el Parlamento Europeo tiene que votar acerca de dicha directiva y a partir de esos momentos y toda vez que el Consejo de la UE la sancione, la misma será de obligado cumplimiento en todos los países miembros (UE-25).
Las preocupaciones por la desigualdad, el reparto de la riqueza, la equidad social, la calidad de vida, las formas autónomas-locales de producir, el medio ambiente, la tierra, la igualdad, la equidad…no tienen precio y no cuentan en esta lógica instituida por la OMC y donde la UE pretende instalar previamente dicho modelo de “servicios” para de esta manera alcanzar un volumen de negocio suficiente que le permita competir en cualquier punto del planeta.
Ante esta situaciones, la CGT tiene que intentar movilizar a la sociedad para frenar y desmantelar -en la medida de lo posible-, las estrategias por la competitividad las cuales utilizan todos los factores: humanos, empresariales, ambientales, territoriales, institucionales, como recursos para atraer inversiones, para ser más competitivos que la empresa de al lado, de la región, del país, etc.
Lo contrario de la Competitividad es la SOLIDARIDAD.
Secretariado Permanente del
Comité Confederal
de CGT