La Federación de Enseñanza de CGT con la Huelga estatal de Servicios Públicos contra Icetazo el 28 de octubre

Secretaria Organización Federación de Enseñanza. La Federación de Enseñanza estamos participando en las reuniones con los sindicatos alternativos que quieren luchar contra el Icetazo y en defensa de la estabilidad de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores públicos, muchas de éstas de nuestro sector de Enseñanza.

La huelga está convocada por Cobas, Solidaridad Obrera y la Intersindical. La Federación de Enseñanza de CGT damos apoyo.

28 DE OCTUBRE: HUELGA EN EL SECTOR PÚBLICO  COMUNICADO UNITARIO DEL SINDICALISMO ALTERNATIVO 

Tener unos servicios públicos dignos y de calidad es algo esencial para alcanzar la  sociedad que queremos, una sociedad cohesionada y orientada a reducir y superar  las desigualdades sociales, especialmente aquellas que afectan a los sectores más  desfavorecidos, que sufren la crisis económica postpandémica con más dureza, la clase  trabajadora y el conjunto de las clases populares. Sectores como la enseñanza pública, la  sanidad, la justicia, los servicios sociales, asistenciales, de garantía de rentas, y un largo  etcétera, son fundamentales para avanzar en la transformación que queremos para la nuestra  sociedad, y que la mayoría de la población reclama en un sentido emancipador. 

Las trabajadoras y trabajadores del conjunto del sector público sostienen con su  trabajo diario la calidad de todos estos servicios, a veces en condiciones muy  adversas, derivadas de las políticas de recortes, privatizaciones y desmantelamiento  progresivo del ámbito público llevadas a cabo por los diferentes gobiernos. Además, la  temporalidad en los últimos años ha crecido hasta situarse en torno al 30% de la plantilla  total, siendo la mayoría mujeres que en régimen de interinidad o temporal llevan más de 3  años de servicios prestados y, en muchos casos más, incluso décadas sin que hayan salido a  provisión reglamentaria, ni quienes las ocupan hayan tenido la oportunidad de consolidarlos.  

Las últimas sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) son muy  claras en el sentido de que hay que trasponer completamente la Directiva 1999/70 / CE  sobre el trabajo de duración determinada al ordenamiento jurídico interno de España, con el  fin de sancionar a la administración incumplidora que haya cometido abuso de temporalidad  contra las personas trabajadoras, y disuadir también convenientemente su comisión en el  futuro. 

En este sentido, sentencias como la resolución del TJUE del 19 marzo de 2020, y la  jurisprudencia posterior de este mismo tribunal, establecen bien claramente que los actuales  procesos selectivos, de turno libre y resolución incierta, no se pueden considerar como una  sanción adecuada al abuso y, por tanto, no son ninguna garantía para estabilizar las plantillas.  Hay que sancionar la contratación abusiva, igualando los derechos con los que ostentan la  condición estable en el mismo régimen jurídico, es necesario avanzar en el reconocimiento 

del carácter fijo de la relación laboral para quien está ocupando plazas de carácter estructural  con contratos o nombramientos temporales. 

Este nuevo marco normativo, necesario para estabilizar realmente las plantillas, en  ningún caso puede responder a la lógica de la propuesta presentada por el Gobierno y  negociada con la burocracia sindical de las tres centrales estatales mayoritarias: CCOO, UGT  y el CSIF. El real decreto ley 14/2021, conocido como “Icetazo” representa la reedición de  la versión más dura y excluyente hacia las personas trabajadoras temporales de las viejas  formas de entender la “estabilización”, ya fracasadas en el pasado. Una propuesta que, si no  es sustancialmente modificada en el actual trámite parlamentario como proyecto de ley,  implicará un auténtico ERE de extinción; el despido masivo para miles de personas  trabajadoras del sector público. Un despropósito que hay que cambiar de manera urgente los  próximos días y semanas. 

La “fijeza” debe ser entendida como la estabilización del personal interino o laboral  temporal, facilitando la modificación de su situación para alcanzar su funcionarización o  bien estableciendo contratos / nombramientos fijos. Esta debe ser la respuesta a la alta  temporalidad existente en contraposición a los acuerdos firmados en 2017 y 2018 entre el  anterior Ministro Montoro y los sindicatos del régimen y ante este nuevo “proceso de  estabilización “que se quiere poner en marcha con el” Icetazo “. 

Por ello, el proyecto de ley para la reducción de la temporalidad que se está tramitando en el  Congreso de los Diputados debe terminar recogiendo este nuevo derecho en su articulado.  Un nuevo derecho que dé el paraguas legal a las diferentes administraciones y empresas  públicas para promover el carácter fijo de su relación laboral a quien trabaja en fraude de ley.  Un nuevo derecho para avanzar en la mejora de las condiciones laborales de las personas  empleadas públicas. 

Por todo ello, los sindicatos firmantes denunciamos que el real decreto ley conocido como  “Icetazo”: vulnera la normativa y la jurisprudencia europea al no establecer ninguna sanción  adecuada y disuasoria a la administración pública por el abuso cometido, y no hace más que  castigar al personal abusado, poniendo en riesgo su continuidad en el puesto de trabajo.  Pedimos su derogación inmediata. Exigimos que la nueva ley que se está tramitando recoja  la fijeza como a sanción al abuso de temporalidad. 

Por ello, en un momento crítico donde el futuro laboral de miles de trabajadoras está en  juego, convocamos huelga estatal en el sector público el próximo día 28 de octubre y 

llamamos a la organización de asambleas para establecer una posición clara de rechazo al  despido masivo que implica la Icetazo. Hay que parar los centros de trabajo y salir a las calles  para ganar la estabilidad de quienes trabajan en la pública. 

NINGUNA INTERINA EN LA CALLE, LAS QUE ESTÁN SE QUEDAN.